Respuestas nacionales e internacionales al fenómeno de la corrupción: particular atención al ámbito iberoamericano.

Este volumen de la “Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia”, representa una aportación muy valiosa y actual al estudio de la corrupción, sus formas, su evolución, las características específicas que presenta en la región iberoamericana, y la respuesta institucional y legal desde la perspectiva jurídico-penal a ese fenómeno criminal que, cuando es organizado, como viene ocurriendo en los últimos años, desborda crecientemente la capacidad de los Estados. Reune a un grupo de especialistas de alto nivel que partiendo de algunos casos paradigmáticos, repasan, país a país, las singularidades locales del fenómeno, al tiempo que subrayan las características comunes a los diferentes ámbitos territoriales, que nos permiten constar enseguida que se trata de una actividad criminal crecientemente organizada, transnacional y supraestatal.

El estudio se completa con el análisis de algunas de las manifestaciones más graves de la corrupción, tales como la financiación ilegal de los partidos políticos, que cuestiona la legitimidad democrática y la representatividad de las instituciones públicas; cuestiona las directrices de la política criminal enderezada a combatir la corrupción; y anticipa el camino que en mayor o menor medida deberemos sin duda recorrer en los próximos años, abriendo el debate sobre el ámbito en el que posiblemente tendrá que articularse la respuesta a un fenómeno que, en sus manifestaciones más graves, ha desbordado notoriamente desde hace algunos años el añejo marco de la soberanía de los Estados: el derecho internacional penal. Las conclusiones del trabajo son un compendio muy completo y actualizado del estado de la cuestión: la corrupción moderna y clásica, pública y privada, doméstica y transnacional, singular y compleja, vinculada o no al crimen organizado, todo ello en el contexto de la llamada globalización liberal; y las respuestas actuales y de futuro para conseguir que la protección de los estados de derecho, del interés y del patrimonio público y privado, y en última instancia, de los derechos de los ciudadanos, sea más efectiva.